La Junta inicia la tramitación para la aprobación del decreto que regulará la ayuda económica para víctimas de violencias sexuales sin recursos suficientes

La Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, ha iniciado los trámites para la aprobación de un nuevo decreto que regulará el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica destinada a víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas suficientes. Estas ayudas contarán con un presupuesto inicial de un millón de euros. La futura ayuda estará dirigida a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales que estén empadronados en cualquier municipio de Extremadura. Entre las condiciones previstas para acceder a la prestación se encuentra carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En el caso de víctimas menores de edad o económicamente dependientes de la unidad familiar, se establecerán límites específicos sobre las rentas de la unidad familiar. También será necesario acreditar la condición de víctima de violencia sexual y no haber sido beneficiaria anteriormente de esta ayuda en Extremadura o en otra comunidad autónoma. No obstante, una víctima que haya percibido la prestación podrá volver a solicitarla si sufre una nueva situación de violencia sexual y esta vuelve a ser acreditada, siempre que cumpla los requisitos establecidos. ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA El proyecto de decreto contempla que la situación de violencia sexual pueda acreditarse mediante sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial que acuerde una medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencias sexuales. También podrá acreditarse mediante la presentación de acreditación administrativa. CUANTÍA DE LA AYUDA La cuantía de la prestación se determinará en función de las circunstancias de la víctima y de las personas que tenga a su cargo. Con carácter general, la ayuda será equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima tenga personas a cargo, la cuantía será equivalente a 12 meses de subsidio cuando tenga a cargo un familiar o una persona menor de edad acogida, y a 18 meses cuando tenga a cargo a dos o más familiares o menores acogidos, o a un familiar y una persona menor de edad acogida. La cuantía se incrementará en los supuestos en los que la víctima o las personas a su cargo tengan reconocido un determinado grado de discapacidad. En concreto, una víctima con una discapacidad igual o superior al 33 % podrá percibir el equivalente a 12 meses de subsidio si no tiene personas a cargo, 18 meses si tiene una persona a cargo y 24 meses si tiene dos o más personas a cargo, de acuerdo con los supuestos previstos en el proyecto de decreto. CINCO AÑOS PARA SOLICITAR LA AYUDA El proyecto establece un plazo de cinco años para solicitar la ayuda, que comenzará a contar desde el último título o documento emitido a favor de la víctima que acredite su condición. Con esta iniciativa, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación avanza en las medidas de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales y en el apoyo a las víctimas, especialmente a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica. La futura regulación pretende facilitar el acceso a una prestación económica que contribuya a garantizar recursos para las víctimas y favorecer su recuperación y autonomía.